En 2026 se conmemora el centenario de la Guerra Cristera, un episodio decisivo en la historia contemporánea de México que marcó profundamente la relación entre el Estado y la Iglesia, así como la configuración de las libertades religiosas en el país.

La Guerra Cristera (1926–1929) estalló tras la aplicación estricta de las disposiciones anticlericales contenidas en la Constitución de 1917, particularmente durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Las restricciones al culto público, la limitación de derechos civiles a ministros de culto y el cierre de templos generaron un clima de tensión y persecución que desembocó en un conflicto armado, el cual dejó miles de muertos y profundas heridas sociales.

Para numerosos católicos, aquel periodo fue vivido como una defensa de la libertad de conciencia y del derecho a profesar públicamente la fe. El grito “¡Viva Cristo Rey!” se convirtió en emblema de quienes consideraban que el Estado no debía erigirse en árbitro absoluto de la conciencia humana.

A cien años de distancia, esta conmemoración no debería entenderse como motivo de confrontación, sino como una oportunidad de reflexión serena. La pregunta de fondo sigue vigente, ¿ha aprendido México que la libertad religiosa es condición indispensable para la paz social y la convivencia democrática?

Desde entonces, el país ha recorrido un largo camino. La reforma constitucional de 1992 y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público marcaron un proceso de reconciliación institucional. Actualmente, el artículo 24 de la Constitución reconoce la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, consolidando un marco jurídico más amplio y garantista.

En una sociedad plural como la mexicana, la libertad religiosa permite que distintas confesiones aporten su visión sobre temas fundamentales como la defensa de la vida, la familia, la justicia social, la paz y la dignidad de las personas más vulnerables. Excluir la voz religiosa del espacio público no fortalece la democracia; por el contrario, empobrece el debate y debilita el tejido social.

Defender la libertad religiosa no implica promover un Estado confesional. La postura que ha ido madurando en el debate público apunta a un Estado laico auténtico, no hostil a lo religioso, sino respetuoso y garante de la libertad de todos. El verdadero laicismo no supone la exclusión de las convicciones religiosas del espacio público, sino una neutralidad positiva que haga posible la convivencia armónica de diversas creencias.

Al recordar el centenario de la Guerra Cristera, México tiene la oportunidad de reafirmar que cuando se vulnera la libertad religiosa mediante discriminación, restricciones indebidas o presiones ideológicas, no solo se afecta a una comunidad de fe, sino al conjunto de la sociedad. La protección efectiva de esta libertad sigue siendo un pilar esencial del orden democrático y de la paz social.