En México, la enfermedad de un político de alto nivel, como el Presidente de la República o un Gobernador, está regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las constituciones estatales. Estas normas establecen mecanismos claros para garantizar la continuidad del gobierno y evitar vacíos de poder.

Si el Presidente enferma y le impide cumplir sus funciones por un periodo corto (menos de 30 días), continúa oficialmente en su cargo, mientras que el Secretario de Gobernación asume temporalmente las funciones del despacho. Sin embargo, si la ausencia ocurre durante un periodo más prolongado, la Constitución establece distintas medidas:

Durante los primeros dos años del sexenio, el Congreso nombra a un presidente interino y convoca a nuevas elecciones, y durante los últimos cuatro años, el Congreso designa a un presidente sustituto que completará el sexenio.

En el caso de los gobernadores, si enferman o solicitan licencia, generalmente el secretario de gobierno del estado asume temporalmente el despacho, o el congreso local nombra a un gobernador provisional por un periodo limitado. La persona que asuma como interina no puede volver a ocupar el cargo en el periodo inmediato.

Para los presidentes municipales, la ausencia por enfermedad suele cubrirse por el regidor primero o el regidor que designe el ayuntamiento, garantizando así la continuidad administrativa.

Estas figuras de presidente, gobernador o alcalde interino o sustituto permiten que la administración pública siga funcionando sin interrupciones, asegurando que los servicios y decisiones gubernamentales continúen incluso ante problemas de salud del titular.